El informe de la SIP  

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En estos últimos días se ha producido de nuevo otro intento de la llamada Sociedad Interamericana de Prensa por desacreditar al Gobierno venezolano ante los ojos de la comunidad internacional, en el tema de la libertad de expresión, esta vez a través del informe de su reunión semestral donde se manifiesta, en palabras del Presidente de dicha sociedad mercantil, Rafael Molina, que en Venezuela existe una "estrategia deliberada" para erradicar la libertad de expresión, manifestada por supuestos constantes ataques a los medios de comunicación y el cierre, según exponen, de una planta de televisión. Frente a ello, nos parece necesario realizar algunas precisiones, que dicho sea de paso, hemos expresado en varias oportunidades en esta misma columna. La profesión del periodista, y del comunicador social en general, es una profesión de servicio público, y que por tanto debe contar con la eficiencia, eficacia, la transparencia; además de otros elementos como la ética y una metodología propia de las ciencias sociales.Sigue leyendo...
Sus límites deben partir, antes que nada, de los que propiamente se imponga el mismo profesional en su fuero interno, en sus valores y principios que, aunado a la fuente verificada o verificable, traigan consigo exponer la verdad en términos responsables y éticos respecto a su profesión y de la misma sociedad en la que se desenvuelven. No obstante, de manera lamentable hemos presenciado en los últimos tiempos cómo los dueños de los medios, en el establecimiento de líneas editoriales y algunas veces en instrucciones, deforman la verdad, distorsionando deliberadamente el mundo de las realidades por el de un delirio demencial cargado de rencores, odios y frustraciones por parte de quienes sienten que perdieron los privilegios que históricamente tuvieron, transformando así a los medios en partidos políticos y a los periodistas en agentes o comisarios de esos partidos.

No puede seguirse argumentando que en nuestro país existe un cercenamiento a la libertad de expresión, cuando todos los días es posible observar en los medios de comunicación escritos y audiovisuales la amplia libertad que se tiene para expresar cualquier clase de cosas, incluso peyorativas, ofensivas y desde luego totalmente desapegadas de la realidad, resultando por ende incuestionable denunciar una violación de los derechos fundamentales en este sentido, ya que el sol no puede ser tapado con un dedo. De igual manera, no puede señalarse que el gobierno procede al cierre de un canal de televisión, cuando lo cierto es que al mismo se la termina el período de vigencia de la concesión que le fue otorgada por el Estado, y por tanto, existe la legítima potestad del mismo en renovarla o no. Sin embargo, la prueba de esa comunicación irresponsable y desapegada a la verdad, parte desde la misma SIP, cuando en un intento de manipular la opinión pública califica ello como un "cierre".

En nuestro país existe una amplia libertad de expresión, que incluso podría llegar a ser catalogada como excesivamente permisiva, si se toma en consideración la regulación que en esta materia existe en otros países. Por ello es que insistimos en que el ejercicio de la actividad de los medios de comunicación debe partir en función de los parámetros de la ética y de la responsabilidad, ya que no puede pretenderse en sociedad alguna, que el ejercicio de la profesión de periodista comporte una licencia para agredir y someter al escarnio público sin ningún tipo de fundamento, o para exponer mentiras de manera deliberada con intensiones ajenas a las que en realidad atiende el ejercicio de la información.
«Sin embargo, la prueba de esa comunicación irresponsable y desapegada a la verdad, parte desde la misma SIP, (cierre de Rctv) cuando en un intento de manipular la opinión pública califica ello como un "cierre"» CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
El Mundo, 21 de Marzo de 2007. Pag. 4




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