Seguridad: Una deuda ética y política  

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Mucha gente nos dijo que lo que pretendíamos hacer en la Comisión Nacional para la Reforma Policial era un simple saludo a la bandera, que no sería posible por lo titánico de la tarea encomendada, que había intereses que se contraponían a la reforma policial. Sin embargo, nos atrevimos y en un lapso de nueve meses con la participación de más de 70 mil personas, logramos identificar los problemas más graves de la policía venezolana y construir un nuevo modelo policial para Venezuela. Contra todo pronóstico el mandato fue cabalmente cumplido, pero estamos conscientes de que el camino recorrido no es suficiente.

En Los Frailes de Catia (como en muchos de los sectores populares de Caracas), entre el 23 de diciembre de 2006 y febrero de 2007, se registraron 18 personas asesinadas en manos de bandas equipadas con armas automáticas y granadas. Por la conversación con los vecinos es fácil deducir que algunos funcionarios de policía son miembros activos de estos grupos y participan activamente en el tráfico de armas y en la distribución y venta de droga.

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También es fácil intuir la razón por la cual la comunidad hace silencio frente a estos hechos tan aberrantes y se esconde a mirar detrás de la cortina, mientras que el manto de impunidad arropa a quienes, en el ejercicio de su autoridad, simplemente menoscaban la justicia y el Estado de Derecho. Hay que decirlo sin temor: el negocio de la violencia que atenta esencialmente contra los pobres, se sostiene con participación impune y aquiescencia deliberada de funcionarios de policía y autoridades políticas.

Esto no es un secreto para nadie, pero lo explícito para evidenciar las razones por las cuales es tan difícil proponerse la reforma policial. Se necesita realmente de una férrea voluntad política, una ética pública inquebrantable para no caer en la tentación de los negocios de la violencia y una práctica de reforma sostenida en el tiempo, acompañada por especialistas en el área que hagan posible refundar, a mediano plazo, la policía venezolana.

Es un deber ético y una responsabilidad histórica acabar con las nefastas características actuales de los cuerpos policiales: profundamente viciados, al servicio de los gobernantes de turno, penetrados por el tráfico de narcóticos y armas, sin ningún tipo de mecanismo que garantice el control social de la institución. Esta reforma es una deuda ético-política y se la debemos a las miles de víctimas de la policía, a los funcionarios policiales honestos y trabajadores, a nuestros ancestros, a las próximas siete generaciones de ciudadanos de este país, a Latinoamérica que tiene la mirada puesta en nosotros.

Para que cese el asesinato de nuestro pueblo es necesario que se liquide tanto el tráfico y circulación de armas como la droga. Para ello, preciso es que la policía ejerza su real mandato: cumplir y hacer cumplir la ley. Pero para que eso ocurra, imperioso es que no se detenga el proceso de reforma policial. Por amor a Dios y al pueblo que padece la policía que tenemos, la Revolución debe asumir estos temas y tomar cartas en el asunto con la seriedad que corresponde; es la vida la que está en juego.

sorayaachkar@gmail.com

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