Perú aprueba actividades mineras en la frontera con Chile, en violación a su propia Constitución

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El Gobierno peruano autorizó a la empresa Minera Peñoles, de capitales mexicanos, a realizar actividades dentro de los 50 kilómetros de la zona fronteriza con Chile, aunque la Constitución nacional estipula que los extranjeros no pueden tener tierras y minas, entre otras cosas, en esa zona.

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De acuerdo a un decreto publicado el martes, la compañía Minera Peñoles adquirirá tres derechos mineros en el departamento de Tacna, situado al sur del país y fronterizo con Chile.

Según el sitio especializado Portal Minero, el artículo 71 de la Constitución peruana establece que los extranjeros no pueden adquirir o poseer, dentro de los 50 kilómetros de la zona fronteriza, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad.

El decreto del gobierno peruano, que preside Alan García, aclara que los proyectos mineros en la frontera con Chile buscan el desarrollo de la zona y mejorar el nivel de vida de la población, lo que al parecer sirve de argumento para violar la Carta Magna del país.

Diversos movimientos y organizaciones sociales peruanas y latinoamericanas han denunciado que los proyectos mineros generalmente no redundan en mejores condiciones de vida para las poblaciones locales, sino que, por el contrario, significan amenazas al medio ambiente y la salud de la gente.

En Perú la resistencia a la minería está liderada desde 1999 por la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), que agrupa a más de 1600 comunidades de cerca de 20 regiones del país.

La actividad minera explotó en Perú en 1993 y en la actualidad se encuentra dominada por las empresas de capitales transnacionales. Entre los conflictos que enfrentaron últimamente a comunidades afectadas con corporaciones mineras extranjeras, se destacan especialmente los que involucraron a las empresas Majaz y Yanacocha.

Majaz, subsidiaria de la corporación inglesa Monterrico Metals, opera en el departamento de Piura, situado en el noroeste del país, al tiempo que Yanacocha, perteneciente a la firma estadounidense Newmont y a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, trabaja en Cajamarca, departamento vecino de Piura.

Las comunidades afectadas denuncian, entre otras cosas, la contaminación que provocan las empresas mineras, especialmente de las fuentes de agua, las amenazas a la salud de la población por sus operaciones y los ataques que sufren quienes las resisten de parte de grupos paramilitares pagos por las compañías extranjeras y la propia policía nacional. Varios dirigentes comunitarios han pagado con la vida su resistencia a los proyectos mineros.